“Evidente enriquecimiento”: proponen recuperar y subastar los bienes provenientes de la corrupción en San Luis

Desde el bloque opositor de Unidos por San Luis en la Cámara de Diputados, presentaron un proyecto de ley que propone recuperar y subastar los bienes provenientes de la corrupción y otros delitos.

El autor de la iniciativa, es el diputado provincial y también candidato a intendente de la capital por el sublema La Fuerza del Cambio de Cambia San Luis, Carlos “Charly” Pereira. Explica que la principal meta es dotar a la Justicia de herramientas ágiles para sancionar los ilícitos cometidos por funcionarios provinciales y municipales.

A lo largo de los fundamentos, se explica que el fin es identificar, congelar, embargar y proceder, en su caso, a la venta de los fondos u otros bienes que constituyan el producto de actos de corrupción.

Puntualiza que estos actos “afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, y causan enormes pérdidas para el Estado, en todas sus dimensiones, lo que, en definitiva, resultan en mayores costos para los ciudadanos”.

Así, se busca que el valor económico de esos bienes caracterizados como “mal habidos” regresen a la comunidad y sean destinados a la reparación o construcción de escuelas públicas o de viviendas sociales.

Uno de los conceptos que se destaca dentro del articulado es la modificación del Código Procesal Civil, que castiga estos tipos de actos delictivos. Propone que se agregue un nuevo capítulo: el de "Procesos de extinción de dominio”.

“El Estado debe contar con herramientas consistentes, prácticas y eficaces de política criminal, tanto de carácter penal como de carácter no penal, para luchar de manera integral contra el flagelo de la corrupción y el crimen organizado”, sostiene la iniciativa.

En este sentido, se menciona cómo el país aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción mediante la Ley N° 26.097.

De esta manera, el proyecto quiere agregar una función al ministerio Público Fiscal y es que pueda llevar adelante juicios contradictorios, donde quienes sean acusados de la comisión de los delitos, “sean sometidos a una investigación con el objeto de determinar si su patrimonio o parte de él está constituido por causa o tiene un origen ilícito”.

A todo ello, en los fundamentos se consignan diferentes notas y denuncias periodísticas publicadas por medios puntanos y que involucran a funcionarios y entidades gubernamentales.

Señala como “llamativo y evidente” el “enriquecimiento patrimonial de ministros y funcionarios del Gobierno provincial y de secretarios que integran los gabinetes municipales”, dado por “las onerosas adquisiciones y compra de bienes, que se expresan –por sí o por terceros- en el desarrollo de loteos, adquisición de inmuebles, compras de rodados de alta gama, etc”.

Por último, agregan una nueva figura, la del “colaborador eficaz”, esto es, de aquellas personas, funcionarios o empleados de la administración pública que “aporten información eficaz para la investigación de los delitos de corrupción y demás delitos graves”. El fiscal puede definir una compensación de hasta el 10% del valor de los bienes recuperados.